Revisar y actualizar el Plan Obligatorio de Salud, POS, y no disminuirlo ni obstaculizar la labor de los especialistas, fueron los puntos de la vehemente defensa que el ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt hizo de los decretos emitidos en el marco de la emergencia social, argumentos que para los profesionales de la salud y buena parte de los ciudadanos consultados por La Crónica del Quindío, no son suficientes y los califican como “un deterioro a la salud”.
En la reunión efectuada el 31 de enero, y que encabezó el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, con la asistencia de más de 70 representantes del sector, el titular de la cartera, aclaró varios puntos que a su parecer no habían sido bien interpretados.

Pese a esto, en la reglamentación propuesta se encuentran temas como el de las ‘prestaciones excepcionales en salud’ (decreto 128), que establece la financiación total o parcial por parte de los afiliados que la soliciten, para lo que se les realizaría un análisis exhaustivo de sus ingresos y de su patrimonio.
Para los casos de ciudadanos que carezcan por completo de recursos, se crearía el Fonprés, un fondo específico que subsidiará los gastos, pero sólo hasta que los recursos invertidos en él alcancen.

Por otra parte, el decreto 131 redefine el concepto de POS, priorizando la atención de baja complejidad en medicina y odontología general y permitiendo el manejo por especialistas sólo “cuando se cuente con la evidencia científica” y no se afecten los costos del sistema de salud, restringiendo de la misma manera la posibilidad de interponer tutelas al fijar sanciones de hasta 50 salarios mínimos mensuales a los médicos u odontólogos que formulen por fuera del POS establecido.

Ante el panorama que el ministerio describe, organizaciones como la Academia Nacional de Medicina expidió un comunicado en el cual manifestó su profunda preocupación por motivo de los decretos ley y consideró que estos son un “grave atentado contra la medicina como ciencia y profesión. Atentado que nunca se había registrado en esta ni en ninguna otra nación democrática”, e indican que “el ministerio inició una reglamentación acelerada, sin contar con nuestra participación sobre aquellos puntos que consideramos vitales para la salud de nuestros pacientes y para nuestro ejercicio profesional, estamos entregados a la tarea de hacer un análisis profundo de estas medidas, en lo jurídico, técnico y operativo”.

Al cierre de la edición impresa de La Crónica del Quindío los representantes de la agremiación no habían concertado ningún punto con el gobierno, de acuerdo con declaraciones entregadas al diario El Tiempo.
Por otra parte, Juan Carlos Giraldo, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, aseguró que se trata de una reforma improvisada del sistema de salud, que afecta negativamente el derecho a la salud de los colombianos: “Es tan regresiva, que no parece una reforma hecha por Álvaro Uribe”, expresó Giraldo.

Una posición similar presentó el presidente del Colegio Médico del Quindío, Jaime Hoyos, quien afirmó que “los decretos expedidos con ocasión de la emergencia social tienen elementos útiles para el propósito de mejorar el flujo de los recursos del sistema (el mejor ejemplo es el incremento del ‘impuesto al vicio’, que es como se denomina a los impuestos a sustancias como el licor y el cigarrillo), pero tienen a su vez elementos indeseables que pretenden limitar la autonomía médica al imponer restricciones al acceso a la medicina especializada”.

Para el indagado es preocupante pretender sancionar a los médicos que se aparten del cumplimiento de los protocolos de diagnóstico y tratamiento que pretenden imponer para el manejo de las distintas patologías.
“Estos son apenas dos entre los muchos elementos que se verán intervenidos con los nuevos decretos y que deberían ser objeto de concienzudo análisis, concertación y modificación antes de su obligatoria reglamentación”.

La situación no es clara tampoco para los usuarios del sistema general de salud. En su calidad de presidente de la asociación de usuarios de la Nueva EPS y del Sistema se Seguridad Social en el Quindío, Jairo Martínez, se trata de medidas que afectan directamente el derecho constitucional a la salud y de manera paralela, al ejercicio médico.
“Es algo que ya nos esperábamos desde noviembre pasado, cuando se dio notificación de la grave situación financiera de las EPS, muchas de las cuales se encontraban en amenaza de quiebra. Es una solución infame que iguala los servicios, procedimientos y medicamentos de ambos regímenes pero por lo bajo, y aprovecha la legislación decretada en época de emergencia social para quitarle a los pacientes el único recurso de defensa que tenían para garantizar la adecuada prestación del servicio como lo es la tutela”.

La asociación ha programado una reunión para este jueves a las 3:00 de la tarde en el edificio Forero, de la capital quindiana para elaborar un documento que consigne su posición al respecto, mientras que el doctor Hoyos ofrecerá este viernes, desde las 7:00 de la mañana, en el auditorio Euclides Jaramillo Arango, de la universidad del Quindío, una charla en la que se analizará el alcance y las implicaciones que este nuevo marco normativo traerá para un tema tan susceptible desde hace años, como la salud.


Los decretos de la polémica
Decreto 128
Los servicios no POS pasan a ser ‘prestaciones excepcionales en salud’ y define prestaciones extraordinarias, que deben ser autorizados por un comité técnico, encargado de crear dicha norma. Estas deberán ser financiadas, total o parcialmente, por los afiliados que las soliciten, previo análisis de sus ingresos y de su patrimonio individual y familiar.
Se abre la posibilidad de financiar estas prestaciones excepcionales en el caso no tener la solvencia económica suficiente para que se empleen las cesantías, ahorros pensionales y préstamos bancarios.
Para los casos de ciudadanos que carezcan por completo de recursos, se crea el Fondo de Prestación Excepcional en Salud, Fonprés, que subsidiará dichos gastos, aunque sólo funcionará hasta que los recursos depositados en él alcancen.

Decreto 131
Crea el sistema técnico científico en salud, para la producción de conocimiento para la prestación del servicio público de salud en condiciones estandarizadas y compuesto por los ministerios de la Protección Social y Hacienda, Colciencias y tres profesionales de la investigación en economía en salud.
Redefine el concepto de POS como el conjunto esencial de servicios para la atención de cualquier condición de salud, definidos de manera precisa con criterios de tipo técnico y con participación ciudadana, a que tiene derecho todo afiliado al sistema de salud en caso de necesitarlo.
En este nuevo modelo se prioriza la prevención de la enfermedad y la atención de baja complejidad en medicina y odontología general y sólo permite el manejo especializado de condiciones de salud cuando se cuente con evidencia científica y evidencia de costo-efectividad que lo aconseje.
Se privilegiarán las necesidades colectivas sobre las necesidades individuales, fijando un listado POS ‘taxativo’ de medicamentos, intervenciones, procedimientos e insumos, que se actualizará con los avances de la ciencia y las condiciones económicas y financieras del país cada año, labor que realizará la Comisión de Regulación en Salud, Cres.
Cuando los médicos se aparten de los estándares definidos en dicho POS, y ocasionen daños al sistema general de seguridad social en salud, serán sancionados con multas entre los 10 y los 50 salarios mínimos mensuales. Cualifica los conflictos de intereses entre los médicos y genera pautas para la reforma de la ley de Ética Médica.
La norma sostiene que se privilegiará la posibilidad de que la gente adquiera por planes de medicina prepagada para complementar los servicios no POS.


El ciudadano opina

José Abel Darquino Vallejo
Al fin y al cabo yo no tengo aquí nada, la gente pobre pues está más fregada que nosotros, lo que oí decir del presidente es que la gente que tiene plata es la que tiene que pagar, es la que tiene con que pagar sus servicios médicos, el pobre pues todavía pertenece a la cuestión del gobierno. Nadie está de acuerdo pero eso es lo que dice el gobierno.

Carmen Patricia Jaramillo Díaz
No estoy de acuerdo con los nuevos decretos que ha hecho el gobierno actualmente porque sinceramente el mínimo no nos alcanza, entonces no nos podemos agravar o algo porque no alcanza, no tenemos con qué.

Diego Fernando González
Yo opino sobre la reforma que está muy mal hecho porque nos están violando los derechos que tenemos como beneficiarios a la salud y que nos están derrogando las cesantías para cosas que no deberían ser, nosotros pagamos la salud y no tenemos por que hacer más aportes.

Ana María Gómez Henao
Lo poco que he podido escuchar no lo tengo como muy claro, habría que esperar más adelante si sale bien la reforma para decidir si estoy o no estoy de acuerdo.